Si un video o audio falso te suplanta a ti o a un familiar, la ley que hoy se tramita en el Congreso obligaría a la plataforma a retirarlo en un plazo máximo de 72 horas desde la denuncia, y a quien lo creó o difundió a arriesgar multas de entre 5.000 y 10.000 UTM (aprox. $358 a $716 millones). Así lo establece el proyecto que la Cámara de Diputados aprobó en general el 23 de julio de 2026, con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
Qué cuenta legalmente como “deepfake”
El proyecto no usa la palabra deepfake en su articulado técnico: prefiere el término “representaciones digitales verosímiles pero falsas”. El proyecto establece como “representaciones digitales verosímiles pero falsas” a todo contenido sintético de imagen, audio o video, generado o alterado mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, que pueda inducir a error, confusión o engaño respecto de la identidad, acciones o declaraciones de una persona real. En otras palabras: no basta con que un contenido esté hecho con IA, tiene que engañar sobre quién es una persona real o qué dijo o hizo.
La ley también deja fuera casos evidentes de humor o crítica: se excluyen de la categoría de deepfakes las parodias, críticas o expresiones artísticas, siempre que sean identificables como tales y que no induzcan a error ni causen daño. Ese matiz es clave, porque en el debate en Sala varios parlamentarios advirtieron sobre el riesgo de afectar la libertad de expresión con una definición demasiado amplia.
Cuánto arriesga quien crea o difunde un deepfake
El monto de las sanciones fue uno de los puntos que más se repitió en la cobertura de julio. Las multas van desde las 5 mil hasta las 10 mil UTM, equivalentes a aproximadamente $358 millones y $716 millones. Estas cifras aplican tanto a personas naturales como jurídicas, y también a las redes sociales que operen en el país, aunque excluye expresamente a la mensajería instantánea de carácter privado, es decir, un chat de WhatsApp entre dos personas queda fuera del alcance directo de la norma.
Más allá de la multa administrativa, existe una vía civil paralela: el texto reconoce el derecho a la integridad digital y establece responsabilidad civil para quienes generen o difundan imitaciones digitales falsas de personas reales. Y si el contenido además configura un delito -injurias, suplantación de identidad o fraude-, se aplicarán las penas correspondientes del Código Penal, según el análisis publicado por El Pingüino.
Cómo funcionaría el retiro en 72 horas
El mecanismo central para la persona afectada es simple en el papel: denunciar y esperar el retiro. La norma alcanza a personas naturales, empresas y redes sociales, con excepción de la mensajería privada, y exige a las plataformas etiquetar los contenidos generados por IA, retirar el material denunciado en un plazo máximo de 72 horas y contar con un representante legal en Chile. Cada plataforma deberá habilitar un canal de denuncias propio para que la persona afectada solicite el retiro, según el detalle publicado por Sabes.cl.
Si la plataforma no actúa o el caso reviste urgencia, entran los tribunales: el proyecto contempla que los tribunales puedan decretar medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de contenido, para evitar un daño irreparable. Es decir, existen dos caminos paralelos -el administrativo vía plataforma y el judicial vía medida cautelar- y no son excluyentes entre sí.
Qué le exige la ley a las plataformas extranjeras
Meta, X, TikTok y compañía no quedan al margen solo por operar servidores fuera de Chile. Las plataformas digitales extranjeras serán exigidas de tener un representante legal en Chile, para que exista a quién notificar y contra quién dirigir un reclamo si el contenido no se retira a tiempo. A eso se suma la obligación de etiquetado: las plataformas deben etiquetar de forma visible todos los contenidos que sean generados con IA y vías directas para denuncias y solicitudes de víctimas de eliminación del material.
La fiscalización de todo este engranaje no recaerá en una entidad nueva creada especialmente para esto, sino en un organismo que ya está en formación: la fiscalización quedará a cargo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Si te interesa entender cómo esta agencia se conecta con el resto de la regulación de datos y algoritmos en Chile, en IA 2030 hay más contexto sobre el estado de la regulación de inteligencia artificial en el país.
El nuevo derecho a la integridad digital (incluso después de morir)
Uno de los aspectos menos comentados en la cobertura inicial es qué pasa cuando la persona suplantada ya no puede defenderse. El proyecto responde con una figura poco común en la legislación chilena: el proyecto crea un nuevo derecho, la “integridad digital”, que protege la imagen, el cuerpo y la voz como elementos esenciales de la identidad de una persona, incluso después de su muerte: los herederos podrán actuar si la imagen de un fallecido es recreada con IA sin autorización.
Esto abre una pregunta práctica para el usuario común: si un familiar fallecido es “revivido” digitalmente sin consentimiento previo -algo que ya ocurre con IA generativa para videos conmemorativos o, en el peor caso, para estafas-, sus herederos directos tendrían legitimación para reclamar el retiro del contenido y eventualmente demandar por daños.
En qué etapa está el proyecto y cuándo podría ser ley
A la fecha, el proyecto sigue lejos de convertirse en ley. Tras la votación general de julio, como recibió indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su votación en particular. Ese trámite en particular -donde se revisa artículo por artículo y se resuelven las indicaciones de los diputados- es el paso que estaba en curso a comienzos de septiembre de 2026.
Después de aprobarse en particular en la Cámara, el proyecto debe pasar al Senado para repetir todo el proceso -discusión general y particular- antes de convertirse en ley. Considerando que la moción ingresó en agosto de 2025 y recién superó su primer trámite en julio de 2026, es razonable esperar que el proceso completo tome al menos varios meses más, sin fecha de despacho confirmada todavía.
Qué hacer si te suplantan con un deepfake hoy
Mientras la ley no esté vigente, la vía de reclamo directo a las plataformas (bajo obligación legal de 72 horas) todavía no existe formalmente. Hoy, si eres víctima de un deepfake malicioso -para extorsión, fraude o daño a tu reputación-, la recomendación práctica es:
- Guarda capturas de pantalla, enlaces y cualquier evidencia antes de que el contenido se elimine o modifique.
- Denuncia en la Brigada del Cibercrimen de la PDI o en Carabineros; si hay pérdida de dinero de por medio, suma la denuncia ante el Ministerio Público.
- Reporta el contenido directamente en la plataforma usando sus herramientas de denuncia por suplantación de identidad, aunque hoy no exista un plazo legal que las obligue a actuar en 72 horas.
- Si el caso involucra una cuenta bancaria comprometida, avisa de inmediato a tu banco: los plazos de restitución de fondos por fraude ya están regulados aparte, bajo la Ley de Fraudes.
Vale la pena seguir de cerca el avance de este proyecto en la Comisión de Futuro, porque las indicaciones que se voten en las próximas semanas podrían modificar tanto los montos de las multas como el alcance exacto de las obligaciones para plataformas. Para entender cómo estas reglas se cruzan con la operación de redes sociales y proveedores de internet en Chile, puedes revisar también Internet Chile.
